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Salario de los magistrados venezolanos es uno de los más altos de Latinoamérica PDF Imprimir Correo
23-04-2010 a las 15:13:47

Pueden recibir, además, Bs. 400 mil de aguinaldos exentos de declaración de impuestos. Este “paraíso laboral” contrasta con 2 problemas severos a resolver en el país: las dobles jubilaciones del sector público y la aplicación de la Ley de Emolumentos.


Johandry Alberto Hernández

El salario de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) alcanzaría para pagarles a 50 trabajadores que ganan sueldo mínimo en Venezuela. Los Bs. 50 mil que reciben mensualmente contrastan con las casi diarias protestas de los gremios de la administración pública por remuneraciones laborales ajustadas a la inflación.

 

 
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Ilustración: Anthony García

Comparativamente con las principales naciones de América Latina, los magistrados venezolanos son de los mejores pagados del continente, con 22.000 dólares al mes. Por ejemplo, en Perú, los altos funcionarios de la justicia reciben 3.170 dólares, uno de los más bajos. En el caso de Colombia y Brasil, los magistrados ganan 12.000 dólares, mientras que en menor proporción, en Argentina, los jueces reciben 10.500 dólares. Solamente México supera esta escala salarial, pues los magistrados reciben 24.000 dólares mensuales. 


En México y Brasil la polémica por los altos sueldos de funcionarios públicos ha crecido en los últimos años. En México, desde 2009 se adelanta una reforma constitucional que establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República y se creó un tope en salarios de funcionarios hasta 2021. En Brasil, entre 2006 y 2007, hubo una polémica cuando funcionarios públicos (diputados y jueces) se aumentaron el salario


En Venezuela también hay conciencia del problema. En enero de 2007, el presidente Hugo Chávez fustigó en la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional que funcionarios públicos ganaran más de Bs. 15.000. La cifra le parecía escandalosa, pero los magistrados ganan el triple. 


Otro escándalo se ha desatado con el blindaje que los magistrados han hecho de su “seguridad laboral”. A comienzos de marzo de 2010, el TSJ aprobó un reglamento que dicta la jubilación forzada de todos los magistrados que cumplen los requisitos para acogerse a la jubilación. De esta manera, 90% de los magistrados actuales se jubilaría con pensiones superiores a los Bs. 40.000 mensuales, y continuaría en funciones hasta tanto culmine el período por el cual fueron designados. Los magistrados lograrían de esta manera cobrar sumas astronómicas por concepto de prestaciones sociales, y luego mantener una pensión alta, sin separarse de sus cargos.


Los magistrados parecen estar dispuestos a “defender” su remuneración: el reglamento aprobado por el TSJ cita textualmente al artículo 89 de la Constitución, que establece el impedimento de una ley a contrariar la progresividad de los derechos y beneficios laborales, en alusión a la Ley de Emolumentos, aprobada recientemente por la AN.


El director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de LUZ, Luis Eduardo Díaz, dijo que la jubilación masiva y los sueldos elevados de los magistrados del TSJ representan una inmoralidad para las generaciones futuras y un mal ejemplo para el país. “Estos comportamientos rayan en la inequidad, injusticia y en lo inmoral”. Alega que un grupo, por muy importante que sea para la nación, no debería devengar un sueldo que supera con creces el salario mínimo. 


“Hay venezolanos con 55 o 60 años de edad y 25 de servicio que tienen una pensión por jubilación menor, inclusive, del salario mínimo. Mientras tanto, un grupo de magistrados quedará con una pensión entre Bs. 40 mil o 50 mil. Eso hace imposible armar un sistema de emolumentos en el país”, expresa al tiempo que critica férreamente este tratamiento privilegiado de los magistrados.

Resolver las triples jubilaciones


En Venezuela, un funcionario público puede perfectamente tener entre 2 y 3 jubilaciones, sin que signifique un problema legal. Para el profesor Díaz, este es un problema severo que se debe resolver en la estructura laboral del país. 


“Los ámbitos normativos son diferentes, eso ocurre con los magistrados, que antes de llegar a su cargo, se desempeñaron como profesores universitarios u ocuparon algún otro cargo en la administración pública. El problema es la inequidad y la injusticia que impulsa este régimen laboral”, argumenta Díaz. Hay corporaciones públicas en la que funcionarios pueden tener jubilaciones por encima de cualquier otro funcionario, también público, y en consecuencia, pueden sumar la jubilación ordinaria más la jubilación especial. Díaz dice que se pueden encontrar casos de funcionarios de la magistratura que tienen años de servicio en las universidades pero al momento de jubilarse suman 2 y 3 montos distintos. 


Debería existir un solo sistema de seguridad social, pero eso actualmente no se puede lograr con estos ejemplos, que no sólo en el caso de los magistrados, sino también en otras empresas del Estado”. El problema, indica este experto en seguridad social, es que produce un doble gasto fiscal para la nación.

Bonos y aguinaldos “intocables”


Los magistrados, además de su elevado sueldo y su jubilación millonaria, también tienen un mecanismo especial para declarar impuestos ante el fisco. En diciembre de 2006, acordaron modificar la forma tradicional de declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR). En su caso, sólo toman en cuenta el salario básico y se deja a un lado las bonificaciones de fin de año. 


Hay que tomar en cuenta que los magistrados han cobrado entre 8 y 10 meses solamente por el concepto de aguinaldos, es decir, en diciembre pueden cobrar entre Bs. 400.000 o Bs. 500.000, exentos además de declaraciones tributarias.  


Este nuevo método fue acordado por la magistrada Luisa Estella Morales, de acuerdo a lo que se lee en el acta de la Sala Plena en diciembre de 2006. La Sala Constitucional emitió la sentencia 301, con ponencia de Jesús Eduardo Cabrera, que cambió las reglas del juego para pagar el impuesto sobre la renta: sólo en base al salario, método que ya los magistrados habían aplicado en diciembre de 2006.


El profesor Díaz afirma que en Venezuela lamentablemente quienes ganan más aportan menos al fisco nacional, mientras que otros venezolanos con rentas inferiores deben declarar otros impuestos. “Los más pobres deben pagar, además, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de fácil recolección y sumamente regresivo, porque no es lo mismo que lo pague un pobre a un rico pero es de fácil recolección para las finanzas del Estado. Después del ingreso petrolero, el IVA es la fuente principal de recursos de este país”, resalta.


Se trata, a su juicio, de un mal ejemplo de los magistrados. “Un gobierno revolucionario debería implementar un impuesto más progresivo, quien tenga más, pague más en razón de una solidaridad que está contemplada en el preámbulo de la Constitución Nacional”.

Ley de Emolumentos vs. Socialismo


Hasta el propio presidente Chávez ha entendido que estas “condiciones laborales” distan mucho de la prédica socialista. A mediados de diciembre de 2009, se aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Emolumentos de Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Estado, originalmente presentada el 9 de enero de 2007 y apoyada por los diputados de la AN.


En su exposición de motivos se señala que dentro de la discusión ético-política, inmersos en los principios de justicia social, es intolerable e inaceptable que funcionarios públicos catalogados como de “alto nivel” o “alto funcionario” devenguen salarios tan distantes del sueldo mínimo. 


En 2007, el presidente Chávez recalcó que la medida de regulación de los sueldos, salarios y demás emolumentos de los altos funcionarios del Estado se corresponde con una “decisión de orden moral y ético”. En otras ocasiones, el Presidente ha insistido en el tema, una de las últimas fue cuando anunció las “medidas anticrisis” el 21 de marzo de 2009. Sin embargo, anticipándose a la aplicación de la Ley de Emolumentos, que limitaría sus sueldos a Bs. 15.000 mensuales, el TSJ aprobó un reglamento que dicta la jubilación forzada de todos aquellos magistrados que cumplen los requisitos para acogerse a la jubilación. 


El proyecto de Ley fue aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2009, pero no hay certeza de cuándo comenzaría su aplicabilidad.

Ingobernabilidad en el TSJ


Luisa Estella Morales, presidenta del TSJ, admitió hace días que el país puede sufrir un problema de gobernabilidad en el máximo organismo de administración de justicia venezolana. La principal causa, según dijo, viene dada por la falta de suplentes principales e indicó que ante determinadas decisiones personales de los magistrados en jubilarse, podría enfrentarse un problema de gobernabilidad en el TSJ.


Para Díaz, el problema de ingobernabilidad se da cuando la justicia no es independiente, tal como ocurre en Venezuela. “La propia Ley Orgánica del TSJ prevé los mecanismos para la sustitución de magistrados. Recordemos, además, que hay magistrados suplentes. Ése no es el problema. No es verdad lo que dice la magistrada Morales”, denuncia. 


Cree que se trata de una respuesta para justificar el desavisado de la jubilación masiva. “Ellos saben que es una resolución inmoral, eso no debió ni siquiera suceder, eso es ponerse de espaldas al país y a la realidad nacional. Los jueces que se jubilan pueden ser perfectamente sustituibles, además hay magistrados suplentes y conjueces que pueden garantizar el funcionamiento del Tribunal, eso es lo de menos”, afirma indignado y agrega que es una medida para justificar la jubilación en una resolución en la que además dice que los magistrado podrán seguir ejerciendo sus cargos. “Se aseguraron la jubilación para no ser alcanzados por la Ley de Emolumentos”.


La Ley de Prestaciones Sociales establece que la jubilación se calcula con base en 60 días anuales de sueldo y se multiplica por los años de servicio en la administración pública. El jefe de Nómina de LUZ, Edwin Pérez, explica que un profesor universitario, luego de 25 años de servicio recibe por concepto de prestaciones sociales entre Bs. 400 mil y 500 mil. En el caso de la jubilación de un magistrado del TSJ, como tiene derecho a jubilación doble o triple, con 15 años de servicio puede recibir prestaciones sociales por el orden de Bs. 1.500 millones. “Los profesores universitarios tienen las mismas exigencias que un magistrado, deben reunir las mismas credenciales”, asegura Pérez.

 

 

 
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El sueldo: ¿define a un buen juez?


El Director de la Escuela de Derecho de LUZ afirma que no solamente un buen sueldo determina un juez íntegro. A su criterio, hace falta una escuela de la Magistratura, un comportamiento ético y la garantía de estabilidad en el cargo. “Hay miedos, y las decisiones que se toman por miedo no se ajustan al derecho y se pierde el cargo. En Venezuela no hay seguridad jurídica”.

¿Quiénes son los “altos funcionarios” según la Ley de Emolumentos?
(No deberían ganar más de Bs. 15.000)

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Última actualización ( 26-04-2010 a las 20:03:27 )
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